Prohibir redes a menores no frena el acceso: el 61% de los jóvenes australianos sigue conectado
Un sondeo en Australia revela que la mayoría de los adolescentes sortea las restricciones con facilidad, mientras Chile observa el debate global.
Desde que Australia se convirtió, en diciembre de 2025, en el primer país en vetar las redes sociales para menores de 16 años, más de 20 naciones han aprobado o propuesto medidas similares. Grecia, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá y Francia están entre los que se sumaron a la ola reguladora. Sin embargo, las primeras evaluaciones indican que las restricciones no están cumpliendo su objetivo.
La evasión es la norma, no la excepción
Un sondeo de la Molly Rose Foundation, aplicado en marzo de 2026 a 1.050 australianos de entre 12 y 15 años, reveló que el 61% de quienes tenían cuentas en plataformas restringidas seguía accediendo a al menos una. El 70% de esos menores calificó la elusión como “fácil”. Los métodos incluyen identidades falsas, manipulación del año de nacimiento, uso de VPN, maquillaje para engañar sistemas biométricos y ayuda de amigos mayores o familiares para superar las pruebas de selfie.
El informe de cumplimiento del comisionado australiano de seguridad digital (eSafety), también de marzo de 2026, confirmó la tendencia: 7 de cada 10 menores con cuentas en plataformas restringidas seguían usándolas, y más del 80% de los adolescentes australianos de 10 a 15 años continúa en redes sociales con frecuencia. Aunque se desactivaron cerca de 4,7 millones de cuentas, la razón principal de que los menores conservaran las suyas fue que las plataformas aún no les habían pedido verificar su edad.
Multas millonarias y un debate sin respuestas claras
La ola reguladora coincide con un año de fuertes sanciones económicas. Desde marzo de 2026, YouTube y Meta —empresa matriz de Instagram y Facebook— desembolsaron o pactaron indemnizaciones por más de 17.000 millones de dólares en múltiples litigios. El caso más relevante fue el acuerdo de Meta con 48 estados de Estados Unidos, por el que la compañía se comprometió a pagar hasta 17.000 millones a lo largo de una década e implementar cambios en el diseño de sus productos, como límites de tiempo diarios para usuarios menores de 18 años que solo los padres pueden desactivar y bloqueos nocturnos por defecto.
En un juicio previo, en marzo de 2026, un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube culpables de negligencia por diseñar productos adictivos y los condenó a pagar 6 millones de dólares a una joven que desarrolló depresión, ansiedad e ideación suicida tras años de uso compulsivo. El debate se enmarca en una crisis documentada: un estudio publicado en 2026 en el Canadian Medical Association Journal, liderado por Daniel Myran de la Universidad de Ottawa, analizó más de 12 millones de registros de salud mental en Canadá y concluyó que los jóvenes de entre 14 y 20 años tienen un 104% más de probabilidades de padecer una enfermedad mental grave que los de la misma franja etaria hace 50 años.
¿Prohibir o educar? La postura de los expertos
Ari Lightman, profesor de medios digitales y marketing de la Universidad Carnegie Mellon, sostiene en un análisis publicado en The Conversation que no está convencido de que prohibir las plataformas sea una solución eficaz. Señala que las redes sociales tienen beneficios que sustancias como el alcohol o los cigarrillos no ofrecen: conectividad global, creación de comunidades, autoexpresión y participación cívica. Una encuesta del Pew Research Center de 2022, realizada a 1.316 adolescentes estadounidenses, encontró que el 80% afirmó que las redes sociales los ayudan a sentirse más conectados con lo que sucede en la vida de sus amigos.
El libro The Anxious Generation (2024), del psicólogo social Jonathan Haidt, fue uno de los catalizadores del movimiento legislativo. Haidt argumenta que las redes sociales interfieren con el desarrollo social y neurológico de los niños y contribuyen al aumento de ansiedad y depresión. Sin embargo, múltiples factores confluyen en la crisis: una mejor detección de los trastornos, las alteraciones sociales derivadas de la pandemia de COVID-19 y el aislamiento que produjo el confinamiento masivo. En Chile, donde no existe una prohibición similar, el debate recién comienza a instalarse en la discusión pública, mientras el mundo observa que vetar no siempre es sinónimo de proteger.
Con información de Infobae Tendencias
