California sanciona a influencers que cobran por política sin declararlo

California se convirtió este sábado en el primer estado de EE.UU. en sancionar penalmente a influencers que reciben plata de campañas políticas sin declararlo en sus publicaciones. El gobernador Gavin Newsom firmó la ley AB 1130, que permite multas de hasta US$ 5.000 por cada posteo no declarado y habilita derivar los casos a la justicia como posibles infracciones penales.

La norma llega en plena recta final de las elecciones intermedias de noviembre, con los candidatos echando cientos de millones de dólares en creadores de contenido digital. Para el público chileno, el tema puede sonar lejano, pero toca un debate global: cuándo una opinión en redes es publicidad encubierta.

Un vacío de tres años con consecuencias concretas

California ya exigía desde 2023 que los creadores declararan cuando cobraban por hablar a favor o en contra de candidatos y medidas electorales. El problema era que la ley no tenía dientes: no existía ninguna multa ni sanción penal. La única herramienta era que el regulador pidiera a un tribunal que ordenara el cumplimiento, un proceso que se demoraba meses y llegaba, en la mayoría de los casos, cuando la campaña ya había terminado.

El vacío era aún más grande a nivel federal. A diferencia de la publicidad televisiva, radial o gráfica, que obliga a indicar quién financia cada aviso, el derecho federal de EE.UU. no exige ninguna divulgación para el contenido político pagado en redes sociales. La Comisión Electoral Federal (FEC) lleva años intentando regular el espacio digital sin éxito, y Texas es el único otro estado con algún requisito, aunque de aplicación limitada.

El caso Steyer y el detonante de la ley

El impulso concreto vino del escándalo de Tom Steyer, el multimillonario que compitió sin éxito en la primaria demócrata para gobernador de California. Steyer pagó a decenas de influencers para que lo promovieran en TikTok, YouTube, Instagram y Reddit, y muchos de ellos no incluyeron ningún aviso de que estaban siendo remunerados. Las quejas formales ante la Comisión de Prácticas Políticas Justas (FPPC) pusieron el tema en la agenda legislativa.

El asambleísta Marc Berman, autor del proyecto, dijo que lo presentó tras encontrar ambigüedad en la ley vigente. Al momento de la firma, la FPPC había cerrado una de las investigaciones contra la campaña de Steyer, pero confirmó que otra sigue abierta. Según registros electorales, algunas campañas llegaron a pagar hasta US$ 21.500 por publicaciones que se presentaban como opiniones genuinas.

Newsom firmó el AB 1130 como parte de un paquete de 13 leyes para proteger las elecciones de California frente a la interferencia de Trump. El conjunto incluye penas de cárcel por confiscación de boletas y restricciones al despliegue de personal federal en lugares de votación. El gobernador lo plantea como un muro legal ante lo que llama ataques sistemáticos del gobierno federal a la integridad electoral.

Las voces detrás de la norma

A nivel federal, el senador Adam Schiff presentó el proyecto PAID Act, que le daría a la FEC la autoridad para exigir avisos de pago en contenido político de redes. La iniciativa no ha sido votada. Schiff sostiene que en 2026 un influencer puede alcanzar a más personas que una valla publicitaria, y que la gente merece saber quién está detrás y si cobró por ello.

Con la ausencia de una norma federal, California queda como referencia para el resto de los estados. Legisladores de Colorado, Florida y Michigan ya anunciaron que presentarán proyectos similares. El contexto electoral lo explica: los candidatos a las intermedias de noviembre manejan más de mil millones de dólares por canales que escapan a los reportes tradicionales, y los influencers son un mecanismo de evasión sutil que disfraza pagos como opiniones espontáneas frente a audiencias jóvenes. En Chile no hay debate equivalente, pero el caso californiano funciona como advertencia sobre el poder de la publicidad invisible.

Con información de Infobae Tecno